La defensa de nuestras alegaciones sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Coloma no es una cuestión ideológica, sino de justicia social y sentido común. La normativa estatal permite a los ayuntamientos adaptar la aplicación a su realidad, pero el gobierno local ha optado por imponer la versión más dura posible, afectando a miles de familias con rentas modestas y vehículos antiguos.
Santa Coloma es la segunda ciudad más pobre de Cataluña y, sin embargo, se pretende expulsar de la circulación al 41% de los coches sin ofrecer ayudas reales para el cambio. Lo razonable es limitar la ZBE al 25% mínimo legal, aplicar restricciones solo en días con contaminación real y acompañar la transición con subvenciones municipales escalonadas, priorizando a quienes menos tienen.
Reclamamos, además, una moratoria de cinco años como Castelldefels y Cerdanyola, para los vecinos que no puedan renovar su vehículo e incluir por escrito en la ordenanza la libre circulación los sábados, domingos y festivos, independientemente de la etiqueta ambiental. No se trata de negar el cuidado ambiental, sino de hacerlo sin castigar a los más vulnerables. Las buenas políticas no se imponen: se construyen escuchando, con equilibrio entre ecología y justicia social.