La sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña en relación a la demanda interpuesta por 26 ayuntamientos es una buena noticia. Se obliga al Departament d'Ensenyament a satisfacer las cantidades impagadas por las plazas de guarderías, desde el curso 2012 a 2015. Este hecho es un ejercicio de reparación que nos permitirá disponer de más recursos económicos para invertir en la educación. El compromiso del Gobierno de la Generalitat hace años que es del todo insuficiente. A partir del curso 2012-2013, Ensenyament decidió de manera unilateral dejar de pagar su parte en el trinomio Generalitat-Ayuntamiento-Familia. A partir de ahí, este equipo de gobierno asumió con recursos propios el impago autonómico para evitar subir el recibo mensual a las familias. Ahora esta sentencia hace justicia. Una buena noticia para la ciudad, pero lamentablemente después de un litigio en los tribunales. Nosotros continuaremos trabajando con mano extendida con la Generalitat por una educación pública de calidad. Exigiremos que asuma sus responsabilidades en el mantenimiento de los centros, en la planificación -dando respuestas a las necesidades de la secundaria- y el cumplimiento de sus obligaciones en la atención de las necesidades educativas singulares.
